Advierten retos en decreto presidencial para liberar presos por tortura
Al advertir que en el Estado de México hay tres mil casos de tortura, organizaciones civiles ven deficiencias y retos ante el decreto presidencial sobre liberación de presos que la hayan sufrido. Unos anticipan presentar amparos colectivos y otros advierten sobre falta de peritos para acreditarlo.
La organización Presunción de Inocencia y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros (CDHZL), hicieron referencia a la estadística. Este último recordó, que en el 2020 sólo se iniciaron 727 carpetas de investigación.
Entre ambos, han conocido no más de los mil casos antes y durante la expedición de la Ley de Amnistía estatal. Hay del fuero federal y anticipan que encabezarán la defensa a que tengan libertad.
El fundador de Presunción de Inocencia, José Humbertus Pérez Espinoza, cuestionó que el Ejecutivo federal sólo cumplirá con lo que marca la Constitución que, apuntó, es que no debe exceder más de dos años la prisión preventiva.
“López Obrador pues no está haciendo una gran propuesta, una oferta, López Obrador está cumpliendo lo que está en la Constitución”.
Revira a SEGOB
El activista criticó que la Secretaría de Gobernación (Segob) precise que el beneficio no aplicará en delitos de alto impacto. Es en éste cuando se tortura y se fabrica a los “falsos culpables”, por lo que presentarían un amparo colectivo.
“Nada más ahí para que la aplicación sea para la personas que han sido torturadas por delitos de alto impacto, porque nadie puede ser torturado por un delito simple”.
Humbertus Pérez cuestión que existe un criterio político y una negación por parte del Poder Judicial que el Sistema Penal Acusatorio fue “fabricar una gran cantidad de falsos culpables”.
Más de 800 casos
Presunción de Inocencia afirma que ha atendido más de 800 casos de presos torturados, de ellos 120 federales y en el orden estatal, 420 con los que ganó amparo colectivo y 210 que están dentro de la Ley de Amnistía. Entre ellos cuentan con el protocolo de Estambul.
El coordinador del CDHZL, Antonio Lara Duque, precisó que a la fecha se han promovido 700 solicitudes para la Amnistía mexiquense, de los ellos en 30 ha habido pronunciamiento de derechos humanos y de los cuales 25 refieren tortura y uno cuenta con el protocolo de Estambul.
El reto, indicó, del decreto presidencial es que la entidad y la Comisión de Derechos Humanos, no cuenta con peritos especializados para acreditar la tortura.
En el caso de la Centro de Derechos Humanos una vez emitido el decreto presidencial, buscará que la activista de Guerrero, Kenia Hernández sea beneficiada.
ASME
