Alcaldes se amparan ante embargos de cuentas bancarias
El peor de los escenarios es órdenes para destituir alcaldes por desacato, dijo Francisco Santos
Alcaldes mexiquenses se amparan ante la presión de los Tribunales laborales que siguen embargando las cuentas bancarias a los municipios, afirmó Francisco Santos Arreola, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados local.
Esta medida se está tomando; “ante el peor de los escenarios que sería que los municipios que no están acatando las sentencias de pagar los laudos laborales, nos llegaran las órdenes de destituir alcaldes”.
Dijo que los municipios presionados por los laudos laborales son Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Atizapán, Ecatepec y Toluca, entre otros.
Se amparan ante embargos a cuentas bancarias
“Los están presionando de tal manera que pueden caer en desacato en cualquier momento, porque están en una imposibilidad financiera de poder sufragar los laudos laborales”.
Al preguntar qué alcaldes han realizado dicho trámite dijo “ya están amparados Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, ante la autoridad que ya ejecutó embargos. Ya destrabaron los embargos con el amparo y están en espera de la definición”.
Aseguró que en Naucalpan hay un asunto laboral de más de 300 millones en un sólo caso.
En Cuautitlán Izcalli hay asunto de más de 100 millones
Santos Arreola dijo que como diputados están proponiendo que cuando un funcionario público que está obligado a representar a las autoridades y no lo representa, se convierta en un delito penal, que se les persiga penalmente de oficio.
Dijo que como presidente de la Comisión legislativa de Finanzas de la Cámara local se ha reunido con alcaldes.
Porque existe el tema de dónde se va a fondear el fideicomiso que buscará apoyar a los municipios para el pago de los laudos laborales.
“Se está consultado con el gobernador y se necesita que exista el ‘ok’, para poderlo anunciar.
“Una opción son las fotomultas y otro es un impuesto de los terrenos con un costo superior a los 3 millones de pesos”.
La infraestructura la pondrá una empresa para que el gobierno no la pague.
La empresa cobra un porcentaje de lo que se cobre de infracción y lo demás es para el estado, aseguró.
SPM
