Atendió Contraloría 835 denuncias en 2020

Sanciones contra municipios

La Contraloría del Poder Legislativo dio trámite a 835 denuncias contra 44 entes; los municipios de Ecatepec, Ocoyoacac, San José del Rincón y Nezahualcóyotl puntearon con 59 quejas en total por diversas irregularidades.

Del total de denuncias recibidas, la delegación de Toluca radicó 446, la de Naucalpan 240 y la de Chalco 149. Para inicio de procedimiento este año fue de 79; los asuntos turnados a resolución suman 60 y la autoridad investigadora que más turnos registró es Toluca con 65, seguida por Naucalpan con 9 y Chalco con 5.

En el Poder Legislativo sólo quedaron 12 asuntos sin resolver por lo que toca a este ejercicio, de las 55 quejas, lo que equivale a 21.88 por ciento de casos pendientes.

Para el caso del Congreso Local reportó que la Dirección de Responsabilidades Administrativas informó que se resolvieron 55 asuntos, en los que se impusieron 40 sanciones por hechos de prepotencia y malos tratos, abuso de funciones, incumplimiento de requisitos para el desempeño de cargos directivos, despidos injustificados, entre otros.

Además, se aplicaron 37 sanciones a 42 municipios que fueron revisados en 2019, entre otros, Ozumba con tres sanciones, Cuautitlán Izcalli, Jaltenco, Naucalpan, Sultepec y Toluca con dos respectivamente.

En tanto que los que recibieron sanciones fueron las autoridades de Amanalco, Amecameca, Calimaya, Chapa de Mota, Chiconcuac, Coyotepec, Cuautitlán, Ecatzingo, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Juchitepec, Morelos, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Papalotla, Tejupilco, Tepetlixpa, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlalmanalco, Villa Victoria y Atlautla.

En el reporte señaló que este año, en el Congreso mexiquense se presentaron 55 asuntos, de los cuales 40 fueron sujetos de imposición de sanciones, 36 con amonestación, uno con sanción económica, en 13 se resolvió la inexistencia, en tres hubo sobreseimiento y hay 12 casos por resolver.

Algunos de los motivos recurrentes de denuncia fueron no dar respuesta o hacerlo fuera de plazo a escritos de derecho de petición, además de no dar cumplimiento a requerimientos de autoridades como las áreas de Derechos Humanos y jurisdiccionales.

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