El Valor Económico y Social del Agua
Hugo Roberto Rojas Silva
En México “la población que tiene acceso diario al agua, así como al saneamiento básico es apenas del 62%”, no del 94.6% como mencionan algunas fuentes.
El acceso al servicio de agua potable y saneamiento fue reconocido como derecho humano en 2012, específicamente en el Art. 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Desde entonces poco se ha avanzado en su cumplimiento.
La situación actual, de acuerdo a la Encuesta Nacional de los Hogares más reciente de la INEGI, es que 44 millones de mexicanos no cuentan con dotación diaria de agua y 8.8 millones no tienen acceso a ella de forma directa en sus hogares.
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente considera las prestaciones de agua y saneamiento como servicios de “utilidad pública” (de interés colectivo) y establece la participación del Estado para garantizarlos.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el máximo órgano rector del gobierno en la administración de los recursos hídricos de la nación y, para cumplir con dicha encomienda, posee atribuciones muy importantes, como expedir Normas Oficiales Mexicanas (NOM) ─a través de la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)─ que son regulaciones técnicas obligatorias que deben reunir los procesos o servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o su salud.
Por su importancia resaltan las NOM relativas a vigilar los estándares de la calidad del agua potable, así como el tratamiento de las aguas residuales, que son aquellas que arrastran consigo la suciedad y desperdicios procedentes de usos humanos e industriales y que son vertidas en los cuerpos de agua, propiedad de la nación.
Sin embargo, el verdadero problema radica en que las NOM no se cumplen por diversos factores, entre ellos la imposibilidad económica de acatarlas, derivada de la casi nula supervisión de la infraestructura por parte de la autoridad federal o porque no se promueven acciones coordinadas que hagan viable su cumplimiento.
De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional se Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), la tarifa promedio de agua en las ciudades es de 16.45 pesos por metro cúbico, mientras que, en promedio, el costo de eficiencia ─relación entre el precio por unidad producida de un bien o servicio y el beneficio obtenido por su cobro─ es superior a los 20 pesos. Es decir: existe una pérdida económica de cerca de 3.55 pesos por cada metro cúbico de agua que se consume en las urbes.
El asunto se vuelve más complejo si consideramos que nunca se cobra el 100% de las facturas por el servicio de agua. De acuerdo con el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO, IMTA; 2018), en México la eficiencia comercial, es decir, lo que se cobra con respecto a lo facturado, es tan solo del 68%, por lo que los prestadores del servicio de agua
potable únicamente reciben 11.19 pesos por metro cúbico, que se traduce tan solo en el 55% de los costos totales de operación, esto sin incluir las inversiones requeridas para sustituir, rehabilitar y ampliar las coberturas de saneamiento del agua.
Al panorama, poco halagüeño, se suma la reducción del presupuesto federal para el principal programa de apoyo a la prestación de los servicios públicos de agua, denominado Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA), que en términos reales ha sido del 86%.
Para garantizar los servicios públicos de agua y el saneamiento se requiere presupuesto suficiente y para ello es necesario definir una adecuada estructura de ingresos públicos.
¿Cuánto tiempo más se podrá posponer una agenda pública que de un giro de 180 grados al modelo de gestión actual? Y no se trata de “pensar a futuro”. La hora cero nos alcanzó ya.
Hugo Roberto Rojas Silva
Director General de la ANEAS de México
