Gobiernos de Toluca y Naucalpan, caen en delito al filtrar información financiera

Los gobiernos de Toluca y Naucalpan habrían caído en delito al filtrar información sobre la situación financiera de las pasadas administraciones y dar por definitivo desfalcos millonarios, por lo que pueden enfrentar denuncias por parte del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM). 

Así lo advirtió Maurilio Hernández González presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXI Legislatura mexiquense, tras referir que apoyarán a los gobiernos locales anteriores con el cumplimiento estricto de la ley.

Gobiernos de Toluca y Naucalpan caen en delito

En las últimas semanas, el alcalde de la capital mexiquense, Raymundo Martínez Carbajal, reveló que la administración de su antecesor de Morena, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, dejó un daño patrimonial de mil 656 millones de pesos.

De lo anterior, indicó, que hubo 127 observaciones de carácter administrativo y por ello han presentado cuatro denuncias penales y entre los responsables podrían estar el alcalde y el tesorero.

La alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya Marín, denunció que el daño patrimonial al municipio en el gobierno de la morenista, Patricia Durán Reveles es de 4 mil 300 millones de pesos y que dio lugar a realizar más de 90 denuncias administrativas.

Al respecto, el titular de la Jucopo, Hernández González, reclamó que lo declarado por los ediles emanados de “Va por el Estado de México”, es antiético y una política inadecuada, al tener la intención de descalificar, más no de dar claridad de cómo se conducen los actos de gobierno y la función pública.

En el caso de Toluca y Martínez Carbajal, señaló que se trata de una filtración, por el origen de donde obtuvo la información.

“Fue una filtración que dio a conocer el presidente municipal de Toluca indebidamente, porque eso es una información que solamente existe al interior del Órgano Superior de Fiscalización de que están trabajando sobre eso, se hacen auditorías, se hace la fiscalización, entonces es indebido”, recalcó.

Por ello, Maurilio Hernández valoró que se cometió un delito al afectar al debido proceso de fiscalización, al ser un problema grave el uso que se da a esa información, por lo que el OSFEM tiene la facultad de hacer las denuncias y tipificar las conductas.

“Eso está en manos del propio Órgano Superior de Fiscalización, por qué, porque es el ente afectado, porque se está invadiendo de alguna manera el ámbito de sus responsabilidad… porque se está afectando el debido proceso que tiene que cumplir para la fiscalización de los recursos del año 2021”, declaró.

El también coordinador de los diputados de Morena, subrayó que no pueden aceptar que se dé por hecho que algún gobierno municipal pasado haya cometido algún desfalco y que el número arrojado del informe de la Cuenta Pública sea definitivo.

Acusan que es antiético y una política inadecuada

Recordó que los diputados lo que califican precisamente es la información y no las cuentas públicas de lo reportado por los entes, gobierno estatal y municipal, organismos autónomos o auxiliares.

Indicó que cuando el OSFEM solicita la información los responsables tienen la responsabilidad de presentarla completa y si no es así tiene un tiempo de al menos siete años para cumplir el proceso de comprobación de los usos de recursos y mientras tanto queda como inconsistencia, pero se debe solventar.

“Es que así no hay nada definitivo en cuanto a los números que se manejan, y además todavía cumpliéndose el plazo no se solventa la información que se requiere, la investigación tiene siete años por delante para poder de alguna manera calificar si hubo o no un mal manejo de los recursos”, concluyó.

Finalmente, reconoció que las actuales administraciones municipales pueden presentar las denuncias correspondientes si tienen elementos probatorios, aunque insistió que no pueden dar por definitivos los montos de la Cuenta Pública 2021.

SPM