Iniciativa de combate a extorsión contra comerciantes se atenderá sin preferencias: Jucopo
Los diputados atienden las iniciativas de acuerdo a sus prioridades y necesidades de la propia realidad
La iniciativa de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) para el combate la extorsión contra comerciantes cometida por grupos delincuenciales, se atenderá como cualquier otra iniciativa y sin una preferencia, más que la realidad de atender esta problemática.
Así lo externó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Maurilio Hernández González a días de entrar la iniciativa sobre dicho delito que en un diagnóstico previo aseguró que era generalizado en la entidad.
Iniciativa de combate a extorsión a comerciantes
En entrevista, Hernández González precisó que la iniciativa para reformar el Código Penal que prevé adicionar al capítulo de delitos contra la economía el alza de precios o compra de insumos, seguirá el turno como las demás, es decir, seguirá el camino legislativo para ser estudiada.
“Seguirá su turno, se necesita estudiar igual que otra iniciativa… aquí nosotros no tenemos la figura de iniciativas preferencias”, apuntó.
El también coordinador de los diputados de Morena, Maurilio Hernández, indicó que como diputados atienden las iniciativas de acuerdo a sus prioridades y necesidades de la propia realidad.
Por ello, garantizó que la propuesta de la FGJEM se tomará a la brevedad si tiene ese propósito de resolver el tema de extorsión por parte de los grupos delincuenciales.
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“Aquí de acuerdo a las prioridades y a la necesidad de la propia realidad nosotros atenderemos los temas, así que si tiene que ver con ese propósito tengan la seguridad que se atenderá a la brevedad, pero no porque sea preferencial”, indicó.
Previamente a la presentación de la iniciativa, Maurilio Hernández González, reconoció que la extorsión era un asunto grave y generalizado en todo el territorio mexiquense.
En su evaluación, indicó, que en el sur se vive en “estados de sitio” ante la presencia del crimen organizado, y la extorsión se manifiesta de manera distintas desde el control de los productos, qué se vende o que no, como quiénes entran o no.
Puntos de la iniciativa
La iniciativa que envió el Ministerio Público mexiquense establece en el Código Penal penas de seis hasta diez años de prisión para quien realice conductas encaminadas a generar una alza de precios, competencia desleal o distorsionar el mercado.
Además, siete a 15 años cuando la persona que cometa el delito se ostente como integrante de alguna asociación o grupo delictuoso o haga uso de la violencia.
También prevé multas en contra de quien incurra en estas conductas y se ostente como integrante de algún grupo delictivo o si comete violencia.
Y una agravante del delito es que si en su comisión participan dos o más personas se impondrán de tres a cinco años de prisión y de 500 a 800 días multa.
El delito se perseguirá de oficio y destaca que el Estado de México es un referente nacional en desarrollo económico.
TAR
