Las complicidades entre IMEVIS y Antorcha Campesina

Filiberto Gallardo/Gerardo García

Miles de familias se han “beneficiado” de este maridaje político y social en donde la principal beneficiada es Antorcha Campesina.

Tal parece que están hechos el uno para el otro. Antorcha Campesina y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) trabajan de la mano en una muy delgada línea donde se confunde el servicio a la población más necesitada del Estado de México y las tropelías de una organización que utiliza los programas sociales en su beneficio para obtener canonjías, prebendas políticas y económicas de los gobiernos federal, estatal y municipales.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) advierte que en el Estado de México un millón 649 mil personas habitan en viviendas construidas con materiales de mala calidad y espacio insuficiente, y es justamente ahí donde entran los antorchistas pues llegan a esas comunidades a engañar a la gente con promesas de vivienda decorosa, trabajo digno y mejoramiento de su bienestar familiar en general.

Erika González vive en la Colonia Benito Juárez, en el municipio de Texcoco, y dice que “es muy importante lo que hace Antorcha en este municipio, donde el gobierno infla las pocas cosas que hace con publicidad, pero en realidad excluye a la gran mayoría de la población que no simpatiza con su partido político; no dota de agua potable ni de programas de vivienda como lo está haciendo Antorcha”. 

Y así como Erika, hay miles de personas dispuestas a hablar bien de la organización política-social.

Tan sólo en el año 2017 antorcha Campesina gestionó ante múltiples dependencias estatales y federales dos mil acciones de vivienda, que aumentaron la calidad de vida de un promedio de cinco mil personas, a las que se les entregaron tinacos, láminas y materiales para construcción. 

Para llegar a eso, primero los dirigentes de Antorcha eligen un predio abandonado, arman los grupos de familias y se asientan en los terrenos, empezando a construir casas de cartón y materiales perecederos.

El siguiente paso es gestionar ante los gobiernos la regularización de los predios y ahí es donde interviene el IMEVIS, que trabaja junto a los invasores para ordenar los crecimientos. Lo siguiente es exigir la dotación de servicios y equipamiento urbano. 

Los antorchistas no invierten un sólo centavo en todo este proceso, pero a los “beneficiarios” les cobran cantidades que pueden llegar a los 150 mil pesos, además de que entregan su lealtad a prueba a la organización, a la que le sirven ciegamente en sus manifestaciones, plantones y marchas, así como en sus eventos masivos para apoyar a políticos priistas.

Tan sólo en Cuautitlán Izcalli, durante la administración de la alcaldesa priista Alejandra del Moral Vela, se gestionó la regularización de 27 hectáreas en la ex Hacienda de Santa María de Guadalupe -perteneciente al santuario de agua y forestal presa de Guadalupe- donde 500 familias de precaristas invadieron y crearon una colonia irregular.

En su momento el IMEVIS y el gobierno municipal confirmaron la realización de trabajos técnico-jurídicos para determinar la viabilidad de la regularización de la ex hacienda de Santa María Guadalupe, invadida por integrantes de la organización priísta Antorcha Popular, filial de Antorcha Campesina.

“Aquí es tierra de nadie: llegan, sacan a la gente y queman sus pertenencias”, aseguraron habitantes que ya estaban establecidos en el lugar, quienes presentaron una demanda penal en la Subprocuraduría de Justicia de Izcalli pero no se dio cauce a la indagatoria por la red de complicidades entre autoridades y Antorcha Popular 

Los colonos que llegaron a ese asentamiento procedían de los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, entre otros del sureste mexicano.

Aquí nadie puede regularizar ni urbanizar, la ley lo prohíbe, aseguró Roberto Espinosa, presidente de la Asociación Ecológica Aguabiosphera. Explicó que la zona es área natural protegida de la cuenca del Lago de Guadalupe, que recoge escurrimientos naturales, pluviales y, lamentablemente, aguas negras de cinco municipios.

Ese es un ejemplo de cómo trabajan de la mano Antorcha Campesina y los gobiernos priistas, en donde el trabajo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social ha sido fundamental.

Y los mexiquenses se preguntan: ¿cómo es que el gobierno mexiquense es tan condescendiente con los antorchistas? La Respuesta es simple: esta organización ha sido durante mucho años el brazo armado del PRI, que lo mismo sirve para intervenir en las elecciones que para realizar manifestaciones ruidosas en contra de sus opositores.

Este maridaje le ha salido muy costoso al sistema-PRI porque los antorchistas han cobrado caro sus servicios. Por ejemplo, desde el año 2000, cuando ganaron las elecciones en Chimalhuacán de la mano de Jesús Tolentino Román Bojórquez, líder de Antorcha Popular, no han soltado el poder y se han turnado la presidencia municipal.

Fue precisamente el ex gobernador Arturo Montiel Rojas quien les entregó en bandeja de plata Chimalhuacán, municipio que han gobernado por espacio de 20 años y lo mismo sucede en Ixtapaluca, donde ya llevan tres administraciones seguidas gobernando, dos de ellas con Maricela Serrano Hernández, dirigente estatal de Antorcha Campesina.

La organización priista tiene presencia en los 125 municipios del Estado de México y en la mayoría de ellos ha invadido predios para fundar asentamientos humanos nuevos. Siempre ha contado con la complicidad del IMEVIS, que acude presuroso a regularizar esos terrenos.

Para darle legalidad a esos negocios, IMEVIS firma convenios de colaboración con los ayuntamientos y posteriormente instala un comité de Prevención y Control del Crecimiento Urbano, integrado por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para, como su nombre lo indica, prevenir y controlar la expansión poblacional. En la práctica es todo lo contrario pues juntos se encargan de recorrer el territorio municipal para encontrar los predios que habrán de invadir y luego regularizar.

Es un programa gratuito de escrituración impulsado por el gobierno mexiquense que, mediante un juicio sumario de usucapión, absorbe el costo total de las escrituras con las cuales los residentes obtienen la constancia que acredita la propiedad de su vivienda. Con ese instrumento legal, cada lote invadido tiene nombre y apellido en el Registro Público de la Propiedad.

Eso es en teoría. En la práctica, Antorcha Campesina le cobra puntualmente a cada uno de los beneficiarios, que prácticamente entregan su alma al diablo, aunque ellos no lo saben.

Magros resultados de Imevis 

En los últimos nueve años, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) ha dado resultados magros en el combate al rezago de otorgar certeza jurídica en la vivienda porque apenas ha regularizado la situación del 24.7 por ciento de más de 300 mil casas sin escrituras que se estima hay en el Estado de México, según estadísticas del INEGI.

El órgano auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (Seduym) únicamente ha logrado expedir 74 mil 309 títulos de propiedad en los últimos dos sexenios, de acuerdo con datos oficiales estatales.

El Diagnóstico del Derecho de la Vivienda Digna y Decorosa 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), advierte que en el país hay más de 4 millones de hogares que no tienen escrituras.

El estudio alerta que para las personas de escasos recursos la falta de seguridad en la tenencia de la vivienda representa una mayor dificultad para acceder a servicios públicos básicos, así como ser víctimas de fraudes de supuestos gestores.

El IMEVIS, durante el actual sexenio del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, a través del programa “Familias Fuertes en su Patrimonio”, ofrece certeza jurídica a la vivienda.

En los tres años de la presente administración la expedición de títulos de propiedad se incrementó 20 por ciento, si se compara el mismo período de la gestión del ex mandatario mexiquense, Eruviel Ávila Villegas.

De septiembre del año 2017 al segundo trimestre del 2020, el IMEVIS ha regularizado a más de 28 mil familias mexiquenses en la propiedad en su vivienda; en el pasado sexenio fueron cerca de 23 mil.

El avance ha sido de contrastes debido a que el esquema “Familias Fuertes en su Patrimonio”, del 2018 al 2019 cayó en 49 por ciento en el número de beneficiarios, porque pasó de 16  mil 791 a 8 mil 665.

Hasta el segundo trimestre de 2020, el organismo auxiliar del Seduym reportó que apenas ha ayudado a 381 mexiquenses con un título de prioridad, por lo que este año sería el de menores resultados en la materia.

Durante la administración del actual senador de la República, Eruviel Ávila Villegas, el IMEVIS mostró resultados constantes pero bajos en favor de ciudadanos que carecen de títulos de propiedad.

El último año de gestión del “eruvielato” fue en el que mayor número de escrituras se expidieron, con 9 mil 544; el segundo, fueron los primeros 12 meses de su administración con 9 mil 252. En tanto, 2013 tuvo la estadística más baja con apenas 6 mil 555 documentos.

En su portal de internet, IMEVIS presume que de manera permanente promueve la “Acción Familias Fuertes en su Patrimonio”, con la finalidad de regular la vivienda social y el suelo, contribuyendo en la construcción de un crecimiento urbano ordenado.

Asimismo, retoma que el Tabulador de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, que advierte que en suelo mexiquense existen un total de 321 mil 290 viviendas que carecen de un título que acredite la posesión o propiedad de su inmueble.

La administración estatal del mandatario mexiquense, Alfredo Del Mazo Maza, desde el 2019 activó el programa de Usucapión Social Itinerante que contemplaba la operación de 88 módulos, con la intensión de beneficiar a más mexiquenses con títulos de posesión y escrituras públicas.

El IMEVIS, bajo “Familias Fuertes en su Patrimonio”, financia hasta el 80 por ciento y en algunos casos el 100 por ciento de la escrituración. Un juicio ordinario de usucapión puede costar entre 20 mil y 30 mil pesos, y con el programa es de 3 mil 700 pesos.

Una inmatriculación administrativa cuesta entre 6 mil y 8 mil pesos y con el programa el costo es de 470 pesos. Mientras que una escritura vía notario el precio es entre los 20 mil y 80 mil pesos, pero con el apoyo del gobierno los beneficiarios sólo deben pagar entre mil 400 y cinco mil pesos.