Las elecciones a examen

Observatorio electoral

Mucho se ha dicho que las elecciones son el instrumento más eficiente para disputar el poder político por medios pacíficos, al evitar confrontaciones violentas entre los contendientes. Sin embargo, esto no siempre se cumple. Los últimos comicios federales y locales dejan una sensación diferente. Sería imposible describir en este espacio la cantidad de hechos violentos ocurridos en todo el país. Por esto solo se mencionarán algunos de los ocurridos en suelo mexiquense, durante las campañas y la jornada electoral.

En el transcurso de las campañas se dieron agresiones a candidatos, partidos o brigadistas en Sultepec, Tejupilco, Ocoyoacac, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Metepec, Jilotepec, Ocuilan y Valle de Bravo, entre otros municipios. De todos ellos el que más llamó la atención fue la privación ilegal de la libertad y amenazas de muerte a la candidata priista a presidenta del último municipio mencionado, por parte de un grupo delictivo. Este hecho reveló el poder de la delincuencia organizada para influir en las elecciones y el grave problema de inseguridad que existe en el sur mexiquense.

Entre los hechos violentos del 6 de junio destacan los siguientes: quema de urnas en Nextlalpan, lo que seguramente provocará la anulación de la elección; muerte de un candidato a síndico en Tepotzotlán; suspensión de votación en Texcoco y Coacalco; lanzamiento de de una granada a una casilla e intentos de destruir boletas en Naucalpan; violencia en casillas de Cuautitlán Izcalli y Metepec; balaceras en casillas de Valle de Chalco y Amecameca; agresiones a candidata en Nopaltepec; intento de robo de urnas en Otumba; agresiones y destrozo de casillas en Metepec; y un secuestro exprés en Valle de Chalco.

Los hechos descritos, y otros no reportados aquí, produjeron que se iniciaran 62 carpetas de investigación y se detuviera a 100 personas involucradas en los mismos. Además, hubo otros hechos no violentos orientados a impedir que se votara. Uno de ellos fue la colocación de sellos apócrifos que decían “Suspensión Covid”, en lugares donde se instalarían casillas, obviamente con el fin de atemorizar a los votantes de esas secciones electorales.

A pesar de los discursos alegres de los funcionarios públicos, especialmente los electorales, que describen a los comicios como una fiesta democrática en la que siempre se vota en paz, los hechos desmienten tales discursos. Durante las campañas electorales se registraron numerosos hechos de violencia, mismos que continuaron hasta el día de la jornada electoral.

Decir otra cosa es tratar de ocultar el sol con un dedo. Las elecciones en México no son precisamente una fiesta cívica en ciertas regiones del país, en donde incluso los delincuentes deciden quién debe ganar. Son también un momento donde algunas personas se disputan el poder con todos los recursos a su alcance, legales e ilegales. Para esos contendientes el fin justifica los medios, es decir la violencia ejercida en contra de sus opositores para conquistar el poder. Este hecho desnaturaliza a las elecciones.

Por todo lo anterior, en lugar de que las autoridades hagan cuentas alegres del proceso electoral, especialmente el INE y el IEEM, deberían hacer un balance crítico para saber si los comicios han cumplido con la función esencial de garantizar que el poder político se dispute de manera pacífica. Hay varios elementos que apuntan en sentido inverso. La voluntad popular expresada en las urnas no debe contaminarse por la violencia.