Los tribunales electorales locales bajo la lupa

Observatorio electoral

Como es sabido, el pasado 28 de abril, el presidente AMLO presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, en la que destaca también su interés en extinguir a los tribunales electorales locales (TEL).

Los principales argumentos para hacerlo es que son costosos y no son imparciales.

La iniciativa plantea que sus funciones sean asumidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este último sería la única autoridad jurisdiccional electoral del país. Absorbería todas las funciones de los TEL. Juzgaría todos los comicios federales, locales y municipales.

El documento plantea que los TEL son irrelevantes para la impartición de justicia, porque no brindan suficiente certeza a los comicios.

Que es el TEPJF quien resuelve casi cualquier acto importante de las elecciones locales. Por eso propone que absorba todas las controversias electorales, a través de las salas regionales y de su Sala Superior.

Aunque un argumento para desaparecer a los TEL es el de su costo, no parece ser el más importante en el caso del TEEM, que tiene un presupuesto de poco más de 202 millones para 2022, solo superado por el de la CDMX, de casi 231 millones, a pesar que hay más electores mexiquenses.

Sin embargo, en cuanto a su imparcialidad, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) no lo es, igual que los TEL de otras entidades.

Sus integrantes, en su mayoría afines al PRI, viven subordinados a las decisiones tomadas desde el Palacio de Gobierno.

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A pesar de que algunos magistrados hayan sido propuestos por partidos de “oposición”, también se subordinan al gobierno estatal.

El TEEM siempre ha estado dominado por personas afines a los poderes locales. Es una extensión del sistema. La gran mayoría de sus integrantes tienen su vida ligada al PRI.

Carecen de una experiencia profesional independiente a los círculos de poder. Y cuando no están ligados al partido oficial lo están a líderes de “oposición”, que los controlan y negocian su apoyo al gobierno estatal.

El TEEM ha sido un eficaz instrumento del sistema, siempre favorable al oficialismo. Han sido numerosas las ocasiones en que se le ha utilizado para favorecer al PRI en la legislatura local, en los ayuntamientos o para frenar la participación política de las mujeres.

La prueba más reciente de su parcialidad fue la forma en que asignó las diputaciones de representación proporcional en 2021, incumpliendo con la paridad de género.

Lo hizo así para favorecer al PRI y a sus aliados, pero el TEPJF le corrigió la plana una y otra vez.

La parcialidad del TEEM es tanta, que los litigantes no quieren presentar ahí sus recursos jurídicos. Les parece una pérdida de tiempo.

Lo hacen obligados por los procedimientos, pero están conscientes de que es poco probable tener éxito ahí, porque su composición siempre es favorable al PRI. Los partidos opositores lo toman como un trámite ocioso.

Quisieran evitar ese paso. Saben que solo conseguirán algo positivo en el TEPJF, donde la mano del gobierno mexiquense tiene menos poder.

A pesar de que esta situación trató de cambiar en 2014, no sucedió. Siguieron imperando las cuotas de los partidos y la mano del gobierno estatal no desapareció, solo adquirió nuevas formas de acción.

¿Qué se podía esperar de un tribunal en el que, todavía en los tiempos del gobernador Peña Nieto, sus magistrados recibían grandes cantidades de dinero en efectivo como premio por sus servicios al sistema?

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