Matrimonio igualitario, ¿una quimera?

El matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido, por años, tema tabú en el Estado de México. No ha prosperado, pese a las buenas intenciones de algunos grupos políticos muy bien identificados con la izquierda, y algunos de tipo progresista. Pero los conservadores han logrado imponer su criterio, aun cuando va en contra de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El país ha debido recorrer un largo trecho antes de que esta figura jurídica empezara a visibilizarse. Al legalizar el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, en 2010, México se convirtió en el último de América del Norte en legalizar este tipo de uniones, al menos en parte de su territorio, y el primero en Latinoamérica, sólo meses antes de que Argentina hiciera lo propio.

Más adelante, en 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia al declarar que las leyes que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales. Señala que es incorrecto decir que el matrimonio tiene como finalidad la procreación, pues en realidad cumple otras funciones sociales.

Al definir el matrimonio como unión heterosexual, varias normas estatales discriminan a las personas por su orientación sexual y, por lo tanto, contravienen la igualdad de derechos que consagra la Constitución.

De las 32 entidades federativas, esta figura jurídica ha avanzado en casi todo el territorio: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlazcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas cuentan con un ordenamiento con la figura de unión civil o matrimonio.

Sólo quedan fuera Durango, Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas (que debe cambiar por mandato de la Corte) y el Estado de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en estos estados, las parejas puedan ampararse y todos los jueces deben acatar la jurisprudencia y brindar las facilidades para que estos matrimonios se lleven a cabo sin el mayor retraso.

Apenas el lunes, los grupos parlamentarios de Morena y PRD, presentaron al pleno del Congreso local una iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario y establecer la protección de esta figura, con la finalidad de evitar restricciones injustificadas, basadas en prejuicios y estigmas.

Parece que finalmente Morena se animará a legislar sobre este tema, cuya discusión no será nada sencilla, porque enfrentará a los panistas que son muy conservadores al respecto y a los priistas que, aunque algunos son de mente abierta y liberal, deben respetar la disciplina a que los obliga el partido.

En dos momentos anteriores la Legislatura local estuvo cerca de aprobar el matrimonio igualitario. En 2016, cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política, Cruz Juvenal Roa Sánchez, debió enviar la propuesta al archivo, por las presiones de los grupos conservadores. Y en 2019, empujadas por PRD y PT y Morena, las ambas fueron bateadas.

Los legisladores deben entender que sólo formalizarán un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni más, ni menos.

ASME

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