“Moches” facilitan la instalación de gaseras

En medio de la instalación acelerada de estaciones de Gas LP en el Estado de México, empresarios denunciaron que autoridades piden cuotas de hasta 200 mil pesos para obtener los permisos.

Diversas organizaciones han alzado la voz sobre la recurrente instalación de gaseras, algunas presuntamente ilegales en el Valle de México, sin embargo, añadieron que esto podría deberse a una aparente colusión con las autoridades municipales y/o estatales.

Información recopilada señala que el alto índice poblacional de esta región mexiquense se convierte en un atractivo mercado, no sólo para empresas de gas reguladas, sino también para asociaciones o uniones que ven en este sector la posibilidad de hacer negocio.

Aun cuando la tramitología y obtención de dictámenes puede llevar entre seis meses y un año, aseguran que con “aportaciones voluntarias”, hay servidores públicos que pueden agilizarlos hasta en una semana.

Consideraron que al ser el Gas LP un combustible de alta demanda, a los interesados no les importa desembolsar 100 mil o 200 mil pesos para que les brinden la autorización.

De ahí, coincidieron, la creciente aparición de gaseras en municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Chicoloapan, Nezahualcóyotl y Texcoco, por ejemplo, las cuales han sido calificadas como clandestinas.

Un empresario del municipio de Naucalpan reconoció que cumplir con los más de 50 requisitos que establece la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es prácticamente imposible, por lo que ceden a las malas prácticas con el fin de obtener un negocio rentable en menor tiempo.

Añadió que esto no ocurre en estados vecinos como Hidalgo, Morelos, Querétaro o Puebla, donde invertir en una gasera es mucho más ágil y menos costoso.

En el Estado de México, insistió, regularizar la actividad de los hidrocarburos en materia de Protección Civil, ambiental, salubridad y otros, resulta engorroso y difícil, de lo que se valen las autoridades para pedir apoyos económicos a cambio de su operación en el territorio

Dato

Aun cuando la tramitología puede llevar entre seis meses y un año, con “aportaciones voluntarias”, hay servidores públicos que pueden agilizarlos hasta en una semana.

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Empresarios reconocen que es muy engorroso cumplir con más de 50 trámites.