Presupuestos: condición necesaria pero no suficiente

La Fuente

En las últimas columnas abordamos el tema de los instrumentos económicos que son fundamentales para una adecuada gestión del agua.

Explicamos la importancia de la planeación como una herramienta que sirve para conocer las acciones sistemáticas ─basadas en información confiable, actualizada y elaboradas por todos los actores de la sociedad─ que se deben seguir.

También comentamos sobre la importancia del sector público en la resolución de problemas estructurales como los relacionados con el agua.

Éste define el modelo económico que sigue en los temas del país. Regularmente, los gobiernos que tienden al pensamiento de izquierda pretenden una mayor participación en la economía, mientras que los estados con ideología de derecha optan por un gobierno que regule y que no interfiera en la economía nacional.

Esto se debe a los pilares de economía política que enarbolan sus respectivas plataformas.

Dicho lo anterior, ¿cuánto presupuesto se debe tener para los temas del agua? La respuesta debe ser: todo el necesario.

Expliquemos más a fondo.

El reconocimiento del agua y el saneamiento como derechos humanos en la Constitución, obliga a que el Estado Mexicano haga todo lo necesario para cumplirlos.

Queda claro que la inversión económica necesaria para lograr esto en nuestro país requiere de un monto de tamaño monumental.

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Se calcula que, para cumplir con dicha encomienda, de acuerdo a los estándares de los organismos internacionales, el monto de inversión debe ser del 0.3% del Producto Interno Bruto nacional, lo que equivale a 80 mil millones de pesos, cantidad que debe ser invertida de manera sostenida por al menos 20 años.

Sin embargo, esta recomendación fue realizada a principios de siglo y no se cumplió, por lo que actualmente el porcentaje posiblemente ya deba ser del 0.5% del PIB.

Y si preguntamos también ¿quién debería financiar la gestión del agua en México?, la respuesta sería: el Estado mexicano y, por supuesto, los usuarios de los servicios, y de éstos, los que estén en capacidad de pagar. 

Todos los usuarios y órdenes de gobierno están obligados a garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento, pero también es importante que sea asequible para los usuarios domésticos, mas no gratuito, con el objetivo de racionalizar su uso y valorar la prestación del servicio, que al ser público debe establecer los mecanismos para compensar a aquellos usuarios que por su condición económica no sean capaces de cubrir su pago de tarifa.

Independientemente del modelo de gestión que construyamos será necesario invertir en el sector agua, las nuevas normas federales así lo obligan, el modelo de crecimiento y desarrollo nacional, y su crecimiento en zonas urbanas, nos aterrizan en una realidad donde las soluciones individuales no resolverán el problema de fondo.

El tema es tan complejo que no es únicamente cuestión de dinero. Es necesario que esas inversiones sean sostenibles, que no se sigan construyendo elefantes blancos.

Para ello se necesitan otras soluciones de naturaleza de gestión, de distribución de responsabilidades y solucionar las contradicciones entre los artículos 4 y 115 de la Constitución.

Además, se requiere de capacidades institucionales en los tres óirdenes de gobierno y una valoración social del agua en todas sus dimensiones, a través de:

Un gran acuerdo nacional, de una efectiva participación ciudadana con mecanismos de transparencia, medidas anticorrupción, rendición de cuentas, planificación económica y urbana con planes vinculantes y sanciones serias por su incumplimiento.

El agua es un tema multifactorial que requiere de la participación y conocimiento de instituciones que tradicionalmente no están ligadas al aprovechamiento y distribución del agua, como el sector salud, educación, desarrollo territorial y pueblos indígenas, entre otros.

Sería un gran error pensar que la solución provendrá de esfuerzos aislados y reactivos, por eso decimos que el recurso económico no es condición suficiente, pero sí necesario.

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