¿Qué haría si tuviera mil 499 millones de pesos?

Diálogos en silencio

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que requiere mil 499 millones 392 mil 699 pesos de presupuesto adicional de presupuesto.

¿Para qué?

Para realizar la consulta sobre juicio a los expresidentes de México, el primero de agosto de 2021, un mes después de la elección federal en la que estarán en juego más de 21 mil 368 cargos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales; más de mil diputaciones locales en 30 congresos estatales y mil 926 ayuntamientos en 30 estados del país.

Los ciudadanos tendrán apenas un mes para reponerse de lo vertiginosa que sin duda será la campaña de los partidos políticos que buscarán el triunfo electoral, en la que se anticipa será la Madre de las Elecciones, cuando estarán nuevamente con el llamado a participar en un ejercicio de consulta.

La partida presupuestal considera todo un esfuerzo logístico para la consulta como lo es la instalación de más de 104 mil casillas con mil 500 boletas cada una; capacitación y operación de 3 funcionarios en cada casilla y un monto de 169 millones de pesos para la aplicación de medidas sanitarias (gel antibacterial, caretas y señalización de sana distancia), como ya ocurrió hace un par de semanas en Coahuila e Hidalgo.

Un proceso electoral constitucional, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Electoral cuesta ocho mil millones de pesos, así es que realizar una consulta como la propuesta para el primero de agosto, representa cerca de la quinta parte de ese presupuesto público.

Pero, ¿qué representa en términos numéricos un gasto o inversión, como se le quiera llamar, de esa magnitud?

Ese monto representa la construcción de 156 centros de Salud, como el que fue inaugurado el 6 de diciembre de 2018 en el Barrio de Guadalupe en el municipio mexiquense de San Mateo Atenco y que tuvo una inversión de 9.6 millones de pesos.

O representa la inversión para construir 125 centros de Salud como el que fue puesto en marcha en marzo de 2018 en Temascalcingo, al norte del Estado de México, que tuvo un costo de 12 millones de pesos.

Si no fuera tema en el rubro de la salud, básico para el bienestar colectivo, esos recursos también se podrían emplear para la recuperación de espacios públicos, que por cierto es una de las estrategias para la recomposición del tejido social, que busca la prevención de actos delictivos.

En este sentido, con un poco más de mil 499 millones de pesos, se podrían realizar 189 parques lineales como el inaugurado en el mes de agosto de este año en el municipio más poblado de México, y que lleva el nombre de uno de los próceres de la Cuarta Transformación, Ecatepec de Morelos. La obra tuvo un costo de 7 millones 928 mil pesos.

Al poner en una balanza el costo beneficio de una inversión para una consulta pública y en el otro extremo una obra de beneficio público, el sentido común indicaría que la segunda arrastraría en peso a la primera, pero en los hechos parece que no es así.

Cuántos funcionarios de gobiernos municipales, sobre todo aquellos catalogados con mayores porcentajes de población de pobreza o pobreza extrema en estados como Oaxaca, Guerrero o Chiapas, brincarían de gusto de poder tener una rebanada, aunque fuera pequeña, de ese pastel presupuestal para la realización de obras y la dotación de servicios públicos.

Todo apunta que el ejercicio va para adelante, así es que estaremos inmersos en una consulta más, aunque ésta, a diferencia de las anteriores, -como lo fue para la continuación de la construcción del aeropuerto en Texcoco o la construcción de la terminal aérea “Felipe Ángeles, con los resultados de todos sabidos; para la realización del Tren Maya, de una Hidroeléctrica en Morelos o la instalación de una Cervecería en Mexicali, Baja California-, tiene el matiz de constitucional, avalado por la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La consulta puede tener todo el tono democrático que se le pueda dar; aunque sus resultados no necesariamente puedan ser vinculantes y sólo den paso a líneas argumentativas en la narrativa presidencial del combate a la corrupción.

La cuestión que debe continuar en el análisis, es si se justifica un ejercicio de esta naturaleza, que requiere un monto de inversión pública en un país que registra serios problemas derivados de una parálisis a consecuencia de la pandemia por el Covid 19 que ha cobrado en México la vida hasta ayer, de acuerdo con cifras oficiales, de 90 mil mexicanos y por tanto enlutado a un número similar de hogares.

Es un monto elevado para la legitimar una acción, pero cada quien tiene sus propios datos…y prioridades.

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