Regidora del Partido del Trabajo se ostenta como licenciada sin tener el título
La cuarta regidora del Partido del Trabajo en el Ayuntamiento de Valle de Chalco, María Evelia Mares Pérez, comete usurpación de funciones al presentarse como profesionista sin estar aparecer en el registro Nacional de profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y aunque reconoce que no tiene el título ha dejado que se lo pongan en documentos oficiales.
En el portal de internet de la dependencia federal no aparece el nombre de la cuarta regidora del municipio de Valle de Chalco, ni la profesión que manifiesta y aunque existen documentos donde aparece con los apellidos intercambiados, en ningún caso se localizó algún comprobante de la profesión de licenciada como se ostenta en documentos oficiales.
Regidora del Partido del Trabajo se ostenta como licenciada
La SEP a través del Registro Nacional de Profesionistas registra a todos aquellos que estudiaron y presentan un examen para acreditar los conocimientos adquiridos durante la licenciatura.
La dependencia emite las cédulas profesionales de todas las instituciones educativas de nivel superior del país, por lo que todo aquel estudiante recibe de la Secretaria este documento que valida los estudios y el ejercer en el mundo laboral.
Sin embargo, la regidora María Evelia puede estar incurriendo en el delito de usurpación de profesión que está marcado en los códigos penal federal y la legislación penal del Estado de México.
La edil emanada de las filas del Partido del Trabajo (PT) incurre en este delito, ya que firma documentación oficial señalando que es licenciada. Mares Pérez firma las actas de cabildo y documentación oficial con ese título.
Hasta la fecha la servidora pública no cuenta con título
De acuerdo al artículo 250 del código penal del país, se impone una pena de prisión de uno a seis años y una multa de cien a trescientos días de salario a quien usurpe o se ostente con alguna profesión.
Para la legislación penal del Estado de México, en el artículo 176 capítulo VI dónde señala que la usurpación de funciones públicas o de profesiones se castiga con cinco a diez años de prisión y de mil a cinco mil días de multa además de la inhabilitación para tener cargos públicos.
Al buscar a la servidora pública para conocer su opinión al respecto, reconoció que no es profesionista que el titulo que ponen en los documentos oficiales tanto del Partido Político como del Ayuntamiento son un error. Sin embargo, la regidora no ha solicitado que se corrijan dichos documentos.
SPM
