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Servicio social obligatorio… y remunerado

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Solamente ocho de cada 100 estudiantes en México concluyen sus estudios universitarios y la principal razón de la deserción es la falta de recursos económicos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); por ello, crear las condiciones para reducir el fenómeno del abandono y la deserción escolar se convierte en un reto significativo para el país.
Adicionalmente, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más de 12 por ciento de los jóvenes mexicanos empleados en el sector formal han perdido su trabajo, como consecuencia del impacto económico provocado por la pandemia de Covid-19, por lo que se prevé una disminución de la movilidad social, que se refiere a la posibilidad de que las personas puedan acceder a un nivel socioeconómico superior al que existió en su hogar donde nació. La movilidad social es un indicador de la igualdad de oportunidades que existen en un país.
En el caso de América Latina y el Caribe, la tasa de desempleo juvenil es tres veces a la de los adultos, la de informalidad es 1.5 veces mayor y 21 por ciento de las y los jóvenes no tiene condiciones para estudiar y trabajar, lo que refleja la compleja situación que vive ese sector de la población.
A ello habrá que añadir el inadecuado acceso de los jóvenes al mercado laboral, a partir de la crisis por Covid-19, que muestra consecuencias severas en el corto plazo, porque reduce el ingreso y el acceso a servicios básicos. Al inicio de la pandemia -de acuerdo con María Fernanda Gómez, consultora de la división de mercados laborales del BID-, dos de cada cinco jóvenes en el mundo enfrentaron una reducción de su ingreso y más de 20 por ciento se vio afectado para acceder a una vivienda.
Por ello, la iniciativa de la diputada jalisciense, Geraldina Isabel Herrera Vega, para adicionar un artículo 138 Bis a la Ley General de Educación, es relevante, en virtud de que propone que los estudiantes de instituciones de educación superior que realicen su servicio social en dependencias y entidades gubernamentales, tengan derecho a apoyos o remuneraciones, mediante una beca económica o un estímulo en especie para cubrir sus necesidades mínimas, así como apoyos administrativos y materiales escolares.
El servicio social es una actividad obligatoria que deben cumplir las y los estudiantes en términos del artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consiste en la actividad profesional que se realiza en beneficio de la sociedad y es requisito para la obtención de un título universitario.
Sin embargo, en muchas ocasiones en las instituciones públicas se ve a las y los jóvenes de servicio social como “mano de obra gratuita” que debe atender todas las necesidades del área de trabajo, aunque no estén relacionadas con la formación profesional de quienes prestan su servicio social. Debe recordarse que, en esencia, el servicio social se considera un mecanismo que -además de significar un “beneficio para la sociedad”- permite la relación de las y los estudiantes con los ámbitos de desempeño profesional de su área de conocimiento.
Lamentablemente, no en todos los casos ocurre de esa manera y encontramos jóvenes de servicio social haciendo actividades que no contribuyen a su formación y, además, no reciben algún apoyo que les permita solventar los gastos que realizan para cumplir con esa tarea, como pueden ser los traslados o la alimentación.
En ese sentido, además de procurar un estímulo o apoyo económico o en especie para las y los jóvenes, sería necesario replantear el modelo (vigente desde 1945), en virtud de que en muchos casos se convierten en auxiliares de oficinas -hablando del sector público- o se provoca una simulación, porque obtienen la liberación del servicio con familiares o amigos, sin haber realizado alguna actividad de carácter realmente profesional, en virtud de que se ha convertido en un requisito administrativo y no en un proceso que permita un verdadero acercamiento con el ámbito profesional.
Habrá que seguir la discusión de la iniciativa de la legisladora federal de Jalisco, porque hace 15 años hubo otra iniciativa del Partido Acción Nacional, en el Senado de la República, para reglamentar la prestación del servicio social en todo el país y -lamentablemente- como muchas propuestas, se quedó en el cajón legislativo y seguimos operando con modelos del siglo pasado.
PERCEPCIÓN
Con los 11 mil 170 casos positivos confirmados de Covid-19 y registrados el pasado domingo, México alcanza más de 1.6 millones de casos y más de 140 mil fallecidos. El ritmo de contagio sigue acelerado. Cuidémonos.

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