TEPJF, la disputa por el poder

Observatorio electoral

Uno de los más conocidos refranes en México dice: “el que mal empieza, mal acaba”. Eso es justamente lo que ha pasado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es decir a partir de la integración actual de su Sala Superior, máxima instancia de impartición de la justicia electoral en el país.

Todo comenzó cuando la Cámara de Senadores eligió, el 20 de octubre de 2016, como integrantes de la misma por tres años a José Luis Vargas y a Indalfer Infante; por seis años a Felipe Fuentes y a Reyes Rodríguez; y por nueve años a Janine Otálora, Mónica Soto y Felipe de la Mata. En esa condición se les tomó la protesta de ley.

Sin embargo, apenas cinco días después se presentó en la misma Cámara una propuesta para ampliar el mandato de cuatro de ellos. A Vargas y a Infante se les pasó de tres a siete años; a Fuentes y a Rodríguez se les pasó de seis a ocho años. El argumento fue que la estabilidad temporal de un magistrado electoral depende de su ejercicio por un tiempo “razonable”.

El asunto llegó hasta la Corte, impugnado por Morena, que no formó parte de las cuotas partidarias de ese momento. Los ministros resolvieron que la modificación a los periodos para los que habían sido designados los magistrados electorales era constitucional. Por supuesto que fue una decisión de lo más polémica que el Pleno resolvió a favor, pero con el voto en contra de Alfredo Gutiérrez, José R. Cosío, Fernando González, Arturo Zaldívar y Norma Piña, es decir que la diferencia fue la mínima.

Los magistrados electorales iniciaron en medio de la polémica y han seguido en ella desde entonces, por sus controvertidas decisiones y sus cambios de criterio al resolver los litigios. Por su pecado de origen han estado muy expuestos al cobro de facturas por su designación y han sido muy vulnerables a las presiones políticas. Por supuesto que esa misma dinámica se ha contagiado a las salas regionales del TEPJF, especialmente a la de Toluca, desde hace mucho influida por el poder del gobierno mexiquense para favorecer al PRI y a sus aliados.

Los integrantes de la Sala Superior del TEPJF han sido motivo de diversos cuestionamientos por sus gastos personales con recursos públicos. Otros han estado envueltos en escándalos, especialmente los dos últimos presidentes: Felipe Fuentes y José Luis Vargas: el primero por restaurar diversos autos propios en los talleres de la institución, sin cubrir la totalidad de los costos; el segundo porque ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito y denunciado ante la FGR.

Las respuestas de los dos ante esas acusaciones han sido cínicas. Fuentes dijo que era ajeno a esa decisión de su mecánico; Vargas dijo que todo es una venganza de Santiago Nieto. Por menos de eso ambos hubieran tenido que renunciar en otro país. Lo mismo hubieran hecho si tuvieran vergüenza, pero ha podido más su apego al presupuesto público, que les permite tener altos sueldos, viajes todo incluido, comidas en restaurantes caros y otros privilegios que les da el poder (ver https://bit.ly/3sjWt29)

El excesivo apego al poder los ha llevado a una situación límite. Todos podrían ser relevados anticipadamente, para frenar la lucha interna por el poder, que ha impedido una y otra vez que ciudadanos y partidos accedan a la justicia electoral. Sin embargo, el problema de fondo está en la designación. La integración como producto de cuotas partidarias tiene que cambiar. El modelo ya no da más.

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