Urge OSFEM nueva Ley de Fiscalización en Edomex

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), urge en la necesidad de que exista una nueva Ley de Fiscalización Estatal.

Que sea acorde a los estándares, al tiempo de advertir que en el caso de la Cuenta Pública 2019 aún no se cierran la etapa de aclaración de observaciones emitidas a entes.

La auditora mexiquense, Miroslava Carrillo Martínez, indicó que los legisladores tienen ahí una oportunidad inigualable para que puedan ayudarle al órgano para reforzar su labor. 

«Necesitamos una nueva ley, necesitamos una nueva Ley de Fiscalización que verdaderamente esté acorde a los estándares que se han hecho, hemos tenido algunas modificaciones», mencionó. 

Resaltó que la Ley General de Responsabilidades contempla en el andamiaje político de auditoría, como falta grave del nepotismo, sin embargo, en el Estado de México no existe, por lo que se tendría que hacer la adecuación pertinente para que se integrara. 

Además consideró que de esta manera se tendrían que replicar en la entidad todas las reformas y adecuaciones que se realizan en el entorno del Sistema Anticorrupción, una especie de «reforma espejo» a la normatividad mexiquense. 

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Miroslava Carrillo Martínez, insistió que los diputados deberían tener la facultad de nombrar a los contralores municipales, porque en la mayoría de los casos no actúan ante solicitudes, al depender de las presidencias en turno.

La propuesta de contar con un nuevo marco jurídico en la materia, se da en el análisis de la Cuenta Pública 2020, en donde los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias han manifestado inquietudes al respecto. 

La titular del OSFEM, Carrillo Martínez, señaló que aún no han concluido con la Cuenta Pública 2019 porque siguen en área de investigación y con las observaciones y aclaraciones que les hicieron a los diferentes entes fiscalizables. 

No obstante, destacó que han llevado a cabo resoluciones administrativas, de las cuales al menos 17 han derivado en sanciones a servidores públicos, desde la inhabilitación de entre 10 a 20 años hasta suspensiones, destituciones y sanciones económicas.

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